Presentación Audiencia Pública Consejo Constitucional

El día martes 4 de Julio, nuestro Director Ejecutivo Hugo Jofré participó como invitado en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional. En la instancia, expuso sobre las Iniciativas Populares de Norma presentadas por Pensar en Público en el marco del proceso constitucional:

“100X32: Nuevo sistema político para Chile Iniciativa Nº 8091” 

“Un nuevo mapa electoral para Chile: redistritaje Iniciativa Nº 9447”

Dentro de los elementos más destacados de la presentación, se encuentra la idea central de disminuir los costos de transacción y coordinación entre los actores políticos en el congreso nacional, lo que permitiría avanzar en políticas públicas que vayan en beneficio de las chilenas y chilenos.  Para más detalles, aquí podrás encontrar:

1.- La presentación mostrada

2.- El documento de posición que detalla la iniciativa

3.- Link de la transmisión – YouTube Consejo Constitucional

Sesión 12 Comisión Sistema Político

Un nuevo Enfoque Público está disponible!

El 6 de febrero del 2023 a las 12:00 pm se acabó el plazo de inscripción de las candidaturas de los distintos pactos electorales para la elección del denominado Consejo Constitucional. Con un total de 359 candidaturas inscritas, se espera una ardua campaña para elegir a los nuevos consejeros constitucionales.

Esto y mucho más se aborda en un nuevo número de Enfoque Público, donde abordamos los principales ejes de discusión desde nuestra mirada. En esta oportunidad, nuestro Director Ejecutivo, Hugo Jofré analiza los principales elementos de este proceso y sus posibles efectos en la elección del 7 de mayo. 

Revísalo a continuación:

“La Constitución en tú Barrio” – La Florida

La Florida, 05 de agosto 2022

En la comuna de La Florida, más de 30 dirigentes sociales y vecinos se concertaron para asistir a la actividad de “La Constitución en tú barrio” liderada por Pensar en Público el pasado sábado 05 de agosto.

Al igual que en otras actividades anteriores se dio un espacio para escuchar a los asistentes para luego debatir e informar sobre los tópicos desarrollados, los cuales en su mayoría se orientaron hacia las implicancias de la plurinacionalidad y pensiones, este último tema muy importante, por lo que contamos con la presencia de Francisco Orrego, abogado, ex asesor de la convención constitucional, vocero y fundador de «Con mi plata no».

La participación fue muy satisfactoria dado que se percibe interés en informarse y a la vez de replicar esa información con la comunidad y con personas que aún no están al tanto de los principales ejes de la propuesta constitucional.

Propuesta constitucional: “Consecuencia de la Política Identitaria”, por Felipe Mancilla

26 de julio, 2022

Opinión

Uno de los grandes desafíos de la política moderna, se encuentra suscrito en hacer frente a la conocida política identitaria.

Diferentes autoridades e intelectuales de distintas parte del mundo, en Chile Carlos Peña y en España Cayetana Álvarez de Toledo – por nombrar algunos-, se han pronunciado con preocupación y detención sobre este fenómeno. Más allá de las diferencias entre ellos, existe coincidencia, que la política identitaria es una implosión democrática, que tal como la definió K. Popper “las identidades colectivas no existen, solo las individuales…”

En palabras simples, los promotores de la  política identitaria buscarían la construcción de grandes mayorías a partir de la suma de grupos con intereses particulares, con esquiva prevalencia sobre afinidades universales u orientadas a un proyecto común, es decir, el inverso de la democracia liberal.

Bien sabe de esto Chile, donde la propuesta Constitucional es una consecuencia de la política identitaria. Claro ejemplo de aquello, es el carácter plurinacionalista – o mejor dicho separatista y secesionista- con el que se fundamentaría el Estado de Chile, cuya promoción unívoca es un sesgo indigenista de espíritu autonómico abalada por escaños reservados para cargos de elección popular y un sistema judicial paralelo, pero sobre todo, exigible en deberes y derechos que tendría cada comunidad originaria -Elisa Loncón bien sabe de ello, tal como de manera explícita lo reconociera en la sesión n° 10 de la convención con la intervención del sociólogo Portugués Boaventura de Sousa Santos- lo que sin dudas corrompe el sentido más profundo de la democracia, es decir la igualdad ante la ley, generando ciudadanos de primera y segunda categoría.

De la misma manera, se podría mencionar la incorporación del aborto libre como un derecho, algo propio de la demanda “feminista”, o bien, el ecologismo irreflexivo que incluso llega a atentar contra la certeza jurídica de pequeños y medianos campesinos, afectando sus derechos de agua y la producción alimentaria, entre tantos otros ejemplos.

Ante ello, para nadie es motivo de dudas, que al interior de la convención, la política se concibió como un tablero inclinado, donde la izquierda marxista y frenteamplista, sumado a movimientos “independientes” dictaban lo que era correcto, donde los partidos y convencionales de centro izquierda y centro derecha perdieron la opciones de abrir debate.

En ese sentido, la política identitaria es y seguirá siendo la gran batalla de nuestros tiempos, donde la idea de lo común pierde cuerpo para abrirse camino a lo líquido y a lo particular.

De ganar la opción Rechazo, el desafío constitucional estará en articular proyectos políticos que trasciendan la coyuntura, para volver a lo fundamental y transcendental, donde el individuo como agente es anterior al Estado, a la igualdad ante la ley, al Estado de Derecho y a la idea de República, donde el eje del debate lo dicta la razón y no los fundamentalismos imperantes.

Cuenta pública: Déficits en prioridades ciudadanas

“Daré lo mejor de mí para que al finalizar nuestro mandato, podamos decir que Chile es un
país más justo, digno y feliz». Con esta frase, cargada de simbolismo político y emociones,
terminaba la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.

La frase no pasa desapercibida y se vuelve difícil no recabar en las últimas encuestas que
miden la aprobación presidencial, las cuales en la semana previa a la cuenta pública
indicaban que el Presidente registraba la mayor tasa de desaprobación desde que comenzó
su gestión, acercándose a un 60% de rechazo ciudadano; y que por otra parte, en el sentir
de las personas, los temas que mayormente les generan preocupación y que por ende
deberían ser priorizados por el ejecutivo son la delincuencia-seguridad, terrorismo en la
macro zona sur, la inflación con el consiguiente alza del costo de la vida, y la incertidumbre
institucional.

En seguridad pública y delincuencia, se valora avanzar en un proyecto que limite la
tenencia de armas y en otro que será presentado en septiembre para fortalecer y
modernizar el sistema de inteligencia del Estado, dando cuenta de esta forma de una
necesidad debatida intensamente en los últimos años respecto a detectar, prevenir y
contener hechos de violencia extrema que se volvieron habituales en el país luego del
estallido social. No obstante lo anterior, el mandatario queda al debe al omitir una demanda
tan sentida como lo es la Defensoría de las víctimas, o bien, se habla de redistribuir la
presencia policial de manera más equitativa en el país, pero no se incorpora en semanas
previas a dicho plan a una de las comunas de mayor relevancia y población como lo es La
Florida.

En materia de violencia en la Macro Zona Sur, llama profundamente la atención que en
ninguna parte del discurso se haya hablado explícitamente de terrorismo, siendo que en
razón a los hechos de extrema violencia acontecidos en el Biobío y La Araucanía se hace
inverosímil negar lo que está sucediendo y el no abordarlo con mayor compromiso y
entereza. La solución a la vorágine de violencia desatada en la zona debe ir más allá de un
programa de entrega de subsidios y reposición económica a quienes vieron afectados su
fuente agrícola y/o comercial. Las víctimas también merecen mayores garantías del
gobierno respecto a la protección y salvaguarda de su integridad física. En esa dirección se
valora positivamente la implementación del estado de excepción y el cambio de opinión del
gobernante respecto a su utilización, sin embargo, se percibe un déficit en el discurso
cuando no se apoya explícitamente la labor de las fuerzas del orden en la prevención de
los graves delitos que se reiteran en esas regiones del sur del país.

Por su parte, en cuanto al alza en el costo de la vida, si bien es cierto lo afirmado por el
Presidente respecto al impacto negativo en la situación económica que suponen la situación
global de guerra y pandemia y los efectos en los suministros y en el alza del precio de los
combustibles como factores determinantes de la inflación, no podemos soslayar en que el
factor interno caracterizado por la irresponsabilidad de los parlamentarios, algunos de la
coalición del mandatario, al atizar e impulsar la política de retiros de las AFP también
contribuyó a acentuar esta situación, a lo que se sumaría en el desmedro de la situación
económica los eventuales efectos decrecientes de la inversión privada y el alza histórica
del dólar como resultado de la incertidumbre institucional que resulta de la propuesta
constitucional que el gobierno apoya. En la misma línea de las implicancias económicas del
discurso se valora la propuesta de establecer un plan de condonación de la deuda educativa
de manera gradual ya que esta medida va en beneficio de las finanzas personales de un
sector de la clase media. Sin perjuicio a lo anterior, resulta razonable que esta medida se
hubiese anunciado para el segundo semestre de este año y no al 2023.

De esta manera, podemos calificar el discurso presidencial como una aspiración de grandes
sueños para los Chilenos, pero donde la situación vigente del país se acerca más a un
constante insomnio si la comparamos con un par de años atrás. Así, la cuenta pública se
tornó ambigua y contradictoria, minimiza el diagnóstico de la profunda crisis política y social
que vive el país. En simple, una narración reacomodada de lo que ya se encuentra en el
programa de gobierno, donde los temas antes mencionados no tuvieron el énfasis o realce
esperado.

En conclusión, el gobierno tiene el desafío histórico de hacerse cargo de los problemas y
contingencias que más perjudican la calidad de vida de los Chilenos. Ante ello, una buena
señal sería dar cuenta de las bajadas concretas de dichos anuncios en un hito tan relevante
y transversal como lo son los primeros 100 días de Gobierno. Pues si de frases se trata,
todos queremos un Chile más feliz.

Nicolás Villar Mena
Felipe Mancilla Mejías

Programa de gobierno de Boric y aumento al financiamiento municipal

Chile vive momentos de cambios, qué duda cabe de ello. La Convención Constitucional avanza con más tropiezos que certezas en lograr “un Chile mejor y para todos”; mientras que el Gobierno del Presidente Boric busca dar sus primeras señales de ejecución del programa de gobierno. El desarrollo territorial, con especial foco en lo local, no ha sido ajeno ni a la Convención ni al programa del mandatario. En ambas instancias, las definiciones sobre el rol de los municipios como espacios de acción política y social ha sido motivo de arduas discusiones. Si en la Convención el debate se centra en las autonomías que tendrían los Municipios; en el programa del Presidente se establece la propuesta que busca reformular el financiamiento municipal sobre la base de una reforma que “aumentará el aporte fiscal al Fondo Común Municipal en más de un 1000%”. Sí, créalo, más de un 1000%.

Así, los debates que se han dado -más allá de las posturas- parecieran tener un hilo conductor común; los municipios requieren mejoras sustantivas en sus fuentes de financiamiento con el fin de disminuir las brechas sociales y territoriales existentes al interior de las comunas.

De esta manera, resulta relevante analizar de mejor manera el Fondo Común Municipal (FCM) como la principal fuente de ingreso para los Municipios de Chile. Dicho Fondo, surge como un instrumento de financiamiento de carácter solidario para los gobiernos locales, el que se redistribuye entre los mismos municipios a partir de criterios como pobreza, cantidad de población, capacidad de ingreso, entre otros. Debido a ello existen Municipios que aportan mucho al FCM (cuentan con bajos índices de pobreza y alta capacidad de generar ingresos) y que en razón a estas características dependen poco de este instrumento para cumplir con sus funciones, versus administraciones comunales que dependen mayoritariamente de éste (poseen altas tasas de pobreza y baja capacidad de generar ingresos propios).

En ese sentido, tanto la literatura como la evidencia demuestran que en muchos casos el FCM requiere de un rediseño y ajustes que le permita a los Municipios socioeconómicamente más rezagados aumentar sus ingresos vía recaudación con menor dependencia de este instrumento, pues diferentes análisis demostrarían que la transferencia de recursos del FCM y un aumento en su cuantía podría generar un desincentivo para que los Municipios sigan recaudando ingresos a través de impuestos y cobros en base al valor patrimonial de los activos de una comuna.

De lo anterior es importante señalar la existencia del riesgo que implicaría, que un aumento del caudal de fondos -ya sea provenientes del FCM o de aportes fiscales directos- pueda resultar en un manejo no adecuado de estos recursos por parte de los municipios que presentan falencias en los sistemas de control y fiscalización.

Ante ello, una reforma que los dote de mayores recursos debería incluir la implementación de herramientas que brinden mejores niveles de transparencia e indicadores de gestión, así como un sistema de control eficaz que garantice que los recursos sean empleados para los fines a los cuales determine la normativa vigente.

Por su parte, un eventual aumento en la cantidad de recursos desde el nivel central hacia los municipios debiese estar mediado por un sistema de incentivos que impulsen a que éstos sean más activos en la recaudación de ingresos propios, mediante estímulos que premien a aquellas administraciones que realizan dicho esfuerzo recaudatorio. Una reforma en esta dirección podría incorporar un componente fijo, comprendido como el aumento del aporte fiscal del gobierno central, y en segundo término un componente variable en que su porcentaje de transferencia esté condicionado a la recaudación de ingresos propios, pudiendo calcularse para estos efectos la capacidad fiscal de cada municipio, es decir, el potencial de recaudación versus lo efectivamente recaudado.

Finalmente, más allá de si alguna de esta u otras medidas son adoptadas a futuro, teniendo como antecedentes las tibias mejoras al sistema de financiamiento municipal, debiese ser un imperativo avanzar en generar un debate amplio, que fije una meta del gasto público total al que podrían llegar los municipios (actualmente es un 15%), pero a su vez con la suficiente corresponsabilidad para que éstas entidades cuenten con mecanismos y capacidades para delimitar las áreas en las cuales puedan ser gastados estos recursos y el establecimiento de los mecanismos de control del gasto ad hoc.

Nicolás Villar Mena.

Felipe Mancilla Mejías.

“Enfoque Público”

Enfoque Público es una publicación de Pensar en Público, donde analizamos desde nuestra mirada los principales acontecimientos de Chile. Con una óptica desde las políticas públicas, buscamos contribuir con elementos para el análisis y la discusión pública.

El título del primer número es Los nudos económicos y sociales del gobierno de Boric y sus autores son Hugo Jofré y Estéfano Rubio. Aquí, encontrarás el primer número de Enfoque Público.

El segundo número es El financiamiento a las municipalidades: Un debate necesario y sus autores son Nicolás Villar y Felipe Mancilla. Aquí, podrás descargar el segundo número de Enfoque Público.

El Enfoque número 3 también fue escrito por Nicolás Villar y Felipe Mancilla y se denomina Transparencia municipal: Desafíos de la actualidad.  En esta página podrás descargarlo.

El Enfoque Público #4 es autoría de Hugo Jofré y se denomina Especial Consejo Constitucional: Conformación de listas y diferencias entre la Convención Constitucional de 2021.